Recuperar nuestro territorio

IV. Asegurar un territorio articulado y sustentable

“Nuestro país se encuentra entre los de mayor biodiversidad en el mundo, pero su territorio está siendo devastado, con especies de flora y fauna en peligro de extinción, contaminación en cuencas, acuíferos sobre-explotados, extensas zonas deforestadas y erosionadas, desertificación y una distribución de la población que agudiza los desequilibrios regionales”.

Llamado por México, 4 de febrero de 2017.

Territorio, planeación y participación

Hay una reconfiguración del territorio nacional, determinada por la globalización neoliberal que está agravando las profundas distorsiones y disparidades regionales históricas, en particular, por la explotación indiscriminada de los recursos y los desplazamientos forzados de población. Un factor adicional es la extensión de la presencia territorial del narcotráfico y el crimen organizado, que controla espacios de gobierno y productivos, y genera profundas alteraciones en las relaciones sociales.

Ordenar y hacer socialmente equitativo y seguro el territorio mexicano, sus regiones, pueblos y ciudades, y armonizar su desarrollo, exige un esfuerzo planificado y sostenido que involucre a sociedad, gobierno y especialistas.

1. La planeación del desarrollo territorial (regional, urbano y ambiental) -como parte de la planeación del desarrollo nacional a elaborar por el organismo autónomo- debe ser integral, realizada como un proceso continuo, con la participación de los habitantes, aprobada como ley por el órgano legislativo respectivo y exigible ante la justicia (Cap.I, punto 6).

2. Aplicar una política estratégica nacional de largo plazo para revertir las desigualdades del desarrollo regional y urbano, promoviendo la integración sustentable de las economías regionales y locales a través de asociaciones para el desarrollo y la acción coordinada de los distintos ámbitos y sectores de gobierno.

3. Ajustar la asignación territorial del gasto a una visión integral y despolitizada, ampliando y haciendo vinculatoria a la participación social en estos procesos.

4. Definir las prioridades nacionales en la ejecución de infraestructura, la realización de megaproyectos, vías de transporte y medios de comunicación, privilegiando la integración regional, el beneficio social, la preservación ambiental y la generación de empleo, con participación ciudadana democrática, fuerza de ley y plena exigibilidad.

Los recursos naturales y el desarrollo soberano

La explotación de materias primas con fines de exportación alcanza hoy dimensiones inéditas, con la explotación de recursos naturales en grandes volúmenes, a gran escala y alta intensidad. El extractivismo desplegado en sus distintas modalidades en muchos casos es devastador para la biodiversidad, el equilibrio ambiental, las estructuras sociales y productivas, la calidad de vida y el clima.

Las reformas constitucionales han facilitado las condiciones normativas y jurídicas para la ocupación y explotación de vastas extensiones de territorio; como se mencionó 30 por ciento del territorio nacional está concesionado. La normatividad les da carácter de utilidad pública e interés social, poniéndolas por encima de otras actividades económicas, de las comunidades y de la conservación ambiental.

La utilización racional y sustentable, no mercantilizada, del territorio y de los recursos naturales exige implementar un modelo de desarrollo independiente, respetuoso de la naturaleza, con participación social.

La lucha por una patria de iguales, con justicia, libertad y soberanía, hoy es la lucha por el territorio y por la vida digna de las personas que lo habitan.

5. Como queda dicho (Cap. II), los recursos y bienes naturales deben estar bajo el control del Estado, para lo cual es imprescindible revertir las reformas constitucionales que consolidan el despojo territorial; modificar todas las leyes que correspondan, y sustituir los mecanismos de consulta simulada por los de participación social y comunitaria en la elaboración de planes de desarrollo, de ordenamiento territorial, urbano y ambiental y de grandes proyectos, en los distintos órdenes de gobierno.

6. Su explotación debe estar sujeta a una planeación integral del desarrollo en función de las necesidades de la población, con la participación activa y permanente de las comunidades indígenas, campesinos y trabajadores de las regiones de que se trate. La preservación y fomento, así como el aprovechamiento social y económico de la biodiversidad deben quedar bajo control y ser regulados por el Estado, respetando los derechos de los pueblos que les han conservado ancestralmente. En ningún caso la biodiversidad, de la que la naturaleza dotó a la nación, puede ser objeto de apropiación privada. Estos principios deben consagrarse ya en la Constitución de la República.

7. Reconocer las formas organizativas comunitarias y sus derechos sobre la tierra, bienes comunes y patrimonios naturales, fortaleciendo sus capacidades productivas y dotándolas de los servicios públicos definidos constitucionalmente.

8. Congelar todas las concesiones otorgadas a las distintas modalidades extractivas, someterlas a revisión, acotar su operación, cancelar las que correspondan, exigir reparación de daños al medio ambiente y a las poblaciones. Suspender el otorgamiento de nuevas concesiones hasta la revisión de las normas constitucionales y secundarias. En todo momento el Estado debe aplicar el Principio Precautorio reconocido a nivel internacional.

9. Rechazar la Ley General de Biodiversidad y promover la promulgación de una ley que establezca de manera categórica el dominio de la nación sobre la biodiversidad en sentido amplio (plantas medicinales, fauna, flora, insectos, semillas, etc.) y fije las reglas para su aprovechamiento, garantizando al mismo tiempo la preservación de los conocimientos tradicionales indígenas y campesinos, que son de interés nacional.

10. Promover la creación de empresas públicas gestionadas con participación de sus trabajadores y apoyar los emprendimientos cooperativos y/o comunitarios existentes, contribuyendo a la generación de empleo y vida digna.

El gobierno de México ratificó la Agenda 2030 (en 2015) y el Acuerdo de París (en 2016) sobre el cambio climático. Es necesario que honre los compromisos respetando la naturaleza, la biodiversidad, la cultura, las comunidades y los derechos humanos, poniendo fin a la irracionalidad del extractivismo y la mercantilización de los recursos, bienes y patrimonio naturales.

Desarrollo urbano con democracia, equidad y participación

La reafirmación de la primacía del libre mercado, la eliminación de la planeación y el retiro del Estado de la acción regulatoria han dejado a las ciudades y metrópolis en manos del capital financiero inmobiliario, en sociedad con gobiernos y corporaciones mediáticas, para darnos una realidad de espacio fragmentado, sociedad segregada y habitantes colonizados.

El Estado democrático debe romper esa dinámica y anticiparse a los procesos de urbanización y metropolización, para ofrecer condiciones adecuadas a la producción, la convivencia y la reproducción social.

11. Establecer constitucionalmente instancias de coordinación obligatoria para los gobiernos de las metrópolis, que garanticen la acción concurrente de sus autoridades. Crear Consejos Metropolitanos formados por las autoridades electas de los territorios respectivos, con todas las atribuciones de decisión en materia metropolitana.

12. Disponer de tierra para el crecimiento urbano, con oferta legal al alcance de los pobladores y vigilar que las dependencias públicas y los particulares cumplan las normas que regulan el mercado y el uso del suelo.

13. Garantizar el acceso equitativo de toda la población a los servicios públicos. El Estado debe hacerse cargo de la operación directa de la infraestructura vial y los servicios públicos básicos de agua, drenaje, disposición de desechos sólidos y energía eléctrica. Las tarifas aplicadas a estos servicios deben ser progresivas según la magnitud y el tipo de consumo, y establecer subsidios cruzados para lograr la equidad.

14. Mejorar el hábitat social con políticas diversificadas para contribuir a la solución de las causas de la violencia y del deterioro social. Densificar controladamente las áreas urbanizadas, usar terrenos baldíos, mejorar colonias populares, procurar el arraigo de la población y evitar su desplazamiento por razones económicas.

15. Asegurar el equilibrio entre los usos urbanos y las áreas de preservación, de las cuales depende la capacidad de recarga de los acuíferos, la prestación de servicios ambientales y la contención de la expansión de la frontera urbana.

16. Promover el desplazamiento peatonal y el uso de vehículos no motorizados; priorizar el transporte público con estructura jerarquizada y aplicar medidas fiscales para desestimular la compra y uso de automóviles privados.

17. Revalorizar el patrimonio desde la memoria histórica y lo cultural, no desde lo mercantil y el espectáculo, conciliando conservación y desarrollo.

18. Establecer programas de información y capacitación para que un número mayor de ciudadanos participe organizadamente en las decisiones que les afectan. La formación de servidores públicos es otro factor clave para mejorar la calidad, eficiencia y honestidad en la prestación de los servicios, y para interactuar con una ciudadanía participativa.

19. Crear una rama específica de justicia territorial para garantizar derechos y aspectos constitutivos particulares, así como la resolución de los conflictos territoriales entre individuos, comunidades y gobiernos.

Estas estrategias y políticas deben garantizar a todos los habitantes del país el derecho a otro territorio y a otra ciudad, que sea democrática, equitativa, humana, habitable y para el disfrute de una vida digna.

La Zona Metropolitana del Valle de México

Aún con su importancia, la ZMVM ha perdido dinamismo económico, se ha desindustrializado y presenta tasas de desempleo e informalidad mayores que el promedio mexicano. Tiene la mayor concentración absoluta de pobres e indigentes y una desigualdad extrema, uno de los factores que explican los índices de violencia que padece la metrópoli.

En las últimas tres décadas, la estructura urbana se ha transformado por las acciones del capital inmobiliario-financiero, sin planeación ni control, en un proceso de mercantilización de las relaciones sociales y territoriales. La participación ciudadana es una simulación utilizada políticamente; no se abren cauces que la faciliten y no hay estímulo para propiciarla en tanto puede limitar el uso discrecional de los recursos públicos y romper con la dinámica corporativista y corrupta.

La gobernabilidad de la Zona Metropolitana del Valle de México requiere un enfoque que incluya la planeación integral del desarrollo con participación ciudadana, una coordinación administrativa profesional despojada de intereses clientelares y la puesta en marcha de políticas públicas convergentes.

20. Formar una Asociación Regional de Desarrollo de la Ciudad-Región del Centro de México, para la atención integral y concertada de los problemas comunes y creación constitucional y operativa de un Consejo Metropolitano conformado por las autoridades electas, para la administración de la Zona Metropolitana.

21. Crear el órgano autónomo especializado para la planeación integral del desarrollo económico-social, urbano-ambiental y de ordenamiento territorial, responsable del proceso de planeación correspondiente a las distintas escalas territoriales, con participación ciudadana en su integración, funcionamiento y control.

22. Racionalizar y hacer eficiente la administración de la ZMVM, desarrollar mecanismos de contraloría ciudadana de la gestión, el ejercicio del gasto y aplicación de recursos, llegando hasta las colonias, barrios y pueblos.

23. Aplicar políticas de reindustrialización y reconversión industrial ambientalmente sustentable, para revertir la informalidad y aumentar el empleo urbano estable, bien remunerado y con derecho a la seguridad social.

24. Garantizar para todos, el acceso a los servicios públicos, a vivienda adecuada, medio ambiente sano y libre tránsito y uso del espacio público.

25. Aplicar programas específicos para niños y jóvenes expuestos a la prostitución, trata y droga y para otras minorías desprotegidas. Atender integralmente y en forma especial, el flagelo de los feminicidios.

26. Implementar un plan integral para la dotación de agua que contemple eliminar las fugas en la red, captar y almacenar el agua pluvial, separar las aguas negras de las pluviales, tratar y reutilizar las aguas servidas, recargar los acuíferos, revisar la estructura tarifaria progresiva en función del consumo y el uso, y desarrollar una cultura de gestión y ahorro.

27. Asumir la condición vulnerable del Valle de México y evitar la concentración innecesaria de grandes equipamientos, buscando una distribución equilibrada en la región centro del país.

Reconstrucción equitativa y democrática

La secuencia de desastres padecidos por la acción de sismos, inundaciones, tormentas, huracanes, causados en parte por el cambio climático y en parte por la acción humana, puso de manifiesto las limitaciones institucionales para su atención.

Para superar esta emergencia, se requiere poner en marcha un proceso de reconstrucción que tenga como valores esenciales la democracia participativa, la equidad social, la justicia territorial y la acción solidaria y cooperativa. No se trata de reconstruir lo pasado, sino de empezar a construir el futuro, satisfaciendo las carencias del pasado y mejorando las políticas públicas y el desarrollo de capacidades.

28. Instalar un Organismo Autónomo, con la participación de profesionales, la academia, representantes de damnificados, ciudadanos organizados, gremios de trabajadores y organizaciones sociales, para elaborar y aplicar un programa integral de reconstrucción económica, social, territorial y habitacional que sea aprobado como ley por el Congreso Federal y los órganos legislativos de las regiones afectadas; que sea objeto de rendición de cuentas obligatoria por los ejecutores y exigible judicialmente por los damnificados y otros ciudadanos.

29. El Organismo Autónomo podrá proponer a las instancias estatales correspondientes, la expropiación por causa de utilidad pública, del suelo urbano y rural, baldío o construido, y los bienes inmuebles y muebles necesarios para el desarrollo del programa.

30. Las iniciativas desarrolladas por el sector privado deberán contar con la aprobación del organismo responsable de la reconstrucción, basada en el cumplimiento de la normatividad general, la específica establecida por el programa de reconstrucción y los Programas de Desarrollo Urbano vigentes.

31. Crear un Fondo de Reconstrucción para financiar el programa con recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (Fopreden), aprobados en los órganos legislativos federal y estatales, durante al menos cinco años.

32. Transferir recursos de programas de austeridad y rediseño fiscal, que supriman megaproyectos no prioritarios y gastos públicos superfluos, amplíen la base tributaria, creen instrumentos de recuperación de rentas territoriales extraordinarias, y otras fuentes especiales de ingresos tributarios. En este fondo se integrarán los recursos obtenidos de la solidaridad nacional e internacional pública y privada.

33. Las acciones del programa y el manejo de los fondos deben ser auditadas por contralorías ciudadanas colegiadas designadas por los órganos legislativos federales y locales.

34. Realizar las obras con tecnología apropiada y sustentable, utilizando materiales y procedimientos constructivos locales mejorados tecnológicamente, para que sean desarrollados preferentemente por empresas cooperativas o comunitarias locales, con asistencia técnica, que den lugar a la creación de empleos remunerados.

35. Diseñar un sistema de subsidios progresivos según el índice de pobreza de los beneficiarios de los programas de vivienda, suficiente para llevar a cabo por su cuenta la producción social del hábitat o acceder a viviendas terminadas, de dimensiones, diseño y materiales adecuados a la familia, las condiciones climáticas y las actividades económicas realizadas por ellos.

36. Asegurar la permanencia de los damnificados en los lugares de residencia previa, salvo en los casos en que los estudios de vulnerabilidad y riegos realizados por expertos, indiquen la necesidad de reubicación.

Tan importante como la atención a la población damnificada es el esfuerzo para establecer las condiciones que impidan que los efectos de fenómenos naturales generen nuevos desastres. Es el momento de invertir recursos del Fondo de Prevención (Fopreden) para determinar la localización adecuada de los asentamientos humanos, desarrollar tecnologías constructivas adecuadas y capacitar a los funcionarios públicos y a la población para responder de manera organizada y eficiente ante la ocurrencia de un desastre.

Una política habitacional incluyente

Vivienda digna, alimentación, protección de la salud, educación, servicios, cultura y medio ambiente sano, son derechos consagrados en la Constitución (Art. 4) que no se cumplen cabalmente para todos los habitantes. Los programas públicos de adquisición de vivienda de interés social y los subsidios otorgados por el gobierno federal destinados al apoyo de la población de menores recursos, excluyen a dos terceras partes de los nuevos hogares que se forman.

En la ciudad la mayoría de la población resuelve su necesidad de vivienda por medio de la autogestión, muchas veces en asentamientos irregulares e inseguros, debido a la carestía del suelo por la especulación inmobiliaria, con técnicas constructivas inadecuadas. En el campo, la situación de la vivienda es deplorable, con precariedad constructiva, carencia o mala calidad de la infraestructura y los servicios básicos, en miles de pequeñas localidades dispersas.

La política habitacional actual es excluyente, deja a las fuerzas del mercado la oferta de suelo para vivienda y a los desarrolladores inmobiliarios la oferta habitacional, en tanto los organismos nacionales de vivienda se limitan a ofrecer servicios financieros para la población solvente.

Una política habitacional alternativa, que cumpla con los postulados constitucionales debe rescatar el papel del Estado como promotor de vivienda; sujeto a la planeación territorial y medio ambiental, como parte del desarrollo social, económico, territorial y urbano. El derecho a la vivienda es también el de la población a participar en la elaboración y ejecución de las políticas que le conciernen.

37. Revertir la desigualdad en la distribución de los recursos atendiendo preferentemente a la vivienda progresiva -proceso de producción social flexible y adaptable a la capacidad económica de los pobladores-, asegurando el acceso a suelo urbano con intervención del Estado en el mercado. Incluir la dotación de vivienda en renta para los sectores de menores ingresos y de residencia temporal.

38. Incluir en la política habitacional la reutilización, ampliación, mejoramiento y conservación de las viviendas existentes; creando instrumentos financieros, de comercialización de materiales, instancias de asesoría técnica y esquemas de financiamiento adecuados, lo que implica atender a 15 millones de viviendas en las que habita la población de menores recursos.

39. Descentralizar la acción habitacional de los organismos públicos, reconociendo las particularidades estatales y municipales. Recuperar la función de promoción en la producción de suelo urbano y vivienda que tuvieron en el pasado varios institutos estatales.

40. Implementar políticas específicas sostenidas con relación a la vivienda campesina para mejorar, ampliar o sustituir los espacios habitables, complementados con infraestructura y servicios de calidad, mejorando la utilización de materiales y sistemas constructivos locales.

41. Modificar los esquemas financieros prevalecientes y complementarlos con subsidios progresivos, de acuerdo con el tamaño de la familia, inversamente proporcionales al ingreso y diferenciados según la localización de la vivienda.

42. Estimular y apoyar a los sistemas descentralizados y autogestivos de ahorro y préstamo, con el objeto de captar las sumas multimillonarias que centenares de miles de colonos entregan a desarrolladores, “fraccionadores” clandestinos, funcionarios corruptos, candidatos en campaña y “líderes” que les ofrecen regularizar suelo y vivienda.

43. Diseñar una política que promueva la conservación y el incremento del parque habitacional en renta, sobre todo en colonias populares para los estratos de bajos ingresos, particularmente en las ciudades con mayores flujos de migrantes (capitales, ciudades fronterizas y polos turísticos).

44. Crear mecanismos de coordinación para que la inversión en vivienda esté acompañada por los equipamientos públicos y la actividad económica necesarios, que fortalezcan la integración social y urbana.

Un sistema de financiamiento y asesoría a la producción social de vivienda permitirá articular entre sí un conjunto de acciones (y de actores) concurrentes para apoyar el desarrollo ordenado de asentamientos populares y/o de conjuntos habitacionales de bajo costo, mediante: a) la oferta legal de suelo para la población de menores recursos; b) la fijación de subsidios, progresivos y transparentes; c) exenciones fiscales para los adquirientes de lotes y viviendas con ingresos inferiores; d) el reconocimiento y apoyo a organizaciones sociales, cooperativas, organizaciones de la sociedad civil, instituciones de profesionistas y académicas dedicadas a la producción social del hábitat.

El desarrollo urbano centrado en la captación privada de la renta del suelo y en la especulación, margina a la población mayoritaria del usufructo equitativo de los bienes, servicios y oportunidades que la ciudad ofrece. Contribuye a la destrucción de su patrimonio ambiental, construido, productivo y paisajístico, a multiplicar la conflictividad social, tanto en las diversas áreas urbanas como en su entorno rural y a incrementar la desigualdad.

El suelo urbano se maneja como mercancía sujeta a las leyes del mercado, lo que fomenta la especulación, la segregación urbana, la discriminación social y la expansión irracional de la ciudad. Las plusvalías que genera la inversión pública y el desarrollo mismo de las ciudades son apropiadas por intereses inmobiliarios privados.

El suelo es un bien común y factor central en la construcción y desarrollo incluyente y sostenible de las ciudades, por lo que su uso debe subordinarse al interés colectivo y a la preservación de la vida. Es responsabilidad intransferible del Estado gestionar el suelo, lo cual permite orientar el ordenamiento territorial y el crecimiento urbano, así como garantizar el derecho de los habitantes a un lugar adecuado y seguro donde vivir.

45. Reconocer en la legislación la necesaria intervención del Estado a través del gobierno en los mercados de suelo; reconfigurar los derechos de propiedad en el espacio urbano; recuperar la función social y ambiental del suelo y de la propiedad desde la perspectiva del derecho a la ciudad.

46. Establecer la diferencia entre la propiedad y el derecho a edificar, el cual deberá ser definido en función de lograr una distribución equitativa de los bienes, servicios y oportunidades que la ciudad genera.

47. Desarrollar los instrumentos jurídicos, administrativos, fiscales, financieros, de inducción y participación ciudadana, necesarios para hacer efectiva la función social y ambiental del suelo y de la propiedad, considerando que su ejercicio, además de satisfacer necesidades individuales, está condicionado por los intereses más amplios de la colectividad.

48. Garantizar la distribución equitativa de las cargas y beneficios del desarrollo urbano mediante:

  • Captura de las plusvalías generadas por la inversión pública y el desarrollo de la ciudad, y su utilización en beneficio de la población de bajo ingreso, vulnerable y con necesidades especiales.
  • Impuesto predial creciente, para obligar a la utilización de terrenos baldíos y subutilizados en función de su uso potencial establecido en los planes de desarrollo urbano y de los servicios y equipamientos disponibles. Proceder a la subasta obligada o a la expropiación en caso de no hacerlo en el período de tiempo que establezca la ley.

49. Propiciar que los organismos responsables de operar los programas de suelo y vivienda reconozcan e impulsen, además de la propiedad privada individual, otras opciones de tenencia legal del suelo y la vivienda, como el arrendamiento y la propiedad cooperativa de uso y goce, para atender la diversidad de necesidades, circunstancias y tipos de solución que requieren quienes carecen de una vivienda adecuada.

 

En cada caso, el Plan General de Desarrollo definirá las áreas no urbanizables por razones de preservación ecológica, captación de acuíferos, alta productividad agrícola, vulnerabilidad ante fenómenos naturales y protección del patrimonio cultural e histórico. Se establecerán las regulaciones, incentivos y sanciones para mitigar riesgos y garantizar su preservación y mantenimiento.