Desarrollo integral e incluyente

II. Impulsar un desarrollo nacional integral con planeación.

“La economía de mercado, sin regulación y por sí misma, no resuelve los problemas del país. En tanto se superan sus postulados, el mercado debe regularse en función del interés colectivo. La economía debe estar subordinada a la política. Para ello debemos acercarnos al problema económico desde un sentido común distinto al que domina”.

Llamado por México, 4 febrero 2017.

El Estado reformado debe recuperar un papel determinante en la conducción de las actividades económicas y financieras del país; en la planeación y promoción real de un desarrollo alternativo y en el impulso a la innovación, a la investigación científica y al desarrollo tecnológico. La economía es parte de un sistema integral de desarrollo y debe estar determinada por la satisfacción de las necesidades sociales, el aprovechamiento racional de los recursos naturales del país y la plena utilización de las capacidades productivas de todos sus habitantes.

1. Impulsar otra concepción del desarrollo a partir de una planeación integral en lo económico, lo social, lo cultural, lo ambiental y lo territorial, con plena participación ciudadana y comunitaria, en todos los órdenes de gobierno, desde lo local hasta lo nacional, configurando un sistema de planeación democrática complejo, abierto y dinámico, en el que tengan representación el gobierno y la sociedad.

2. Diseñar en el largo plazo el proceso de cambio hacia una nueva economía orientada a satisfacer las necesidades esenciales de toda la población, basada en las capacidades productivas humanas, técnicas y naturales, propias del país y las regiones, orientada por la planeación participativa, ambientalmente sustentable, en la que el lucro empresarial se subordine a los intereses sociales expresados por las comunidades nacionales y locales.

Desde este enfoque, se debe repensar la inserción global, sustituyendo el modelo que supone que toda apertura es benéfica para generar crecimiento económico, pero que se traduce en una inserción subordinada a intereses ajenos y del exterior, basada en la provisión de mano de obra barata y materias primas, a costa de la calidad de vida de los trabajadores mexicanos.

3. Establecer un modelo de inserción estratégica, en el que se apliquen las capacidades diplomáticas con que cuenta el Estado mexicano para promover una política económica y comercial independiente y la inserción de nuestra economía en cadenas de valor que nos permitan aprovechar nuestras ventajas comparativas.

Reforma de la Administración Pública y de la Hacienda
El sistema fiscal en México no favorece la distribución equitativa del ingreso. A diferencia de la mayor parte de los países del mundo, el alto nivel de desigualdad se mantiene igual, antes y después de impuestos. Un Estado que cumpla con su misión redistributiva tiene que ser la base de un nuevo pacto social y propiciar una verdadera racionalización del gasto público, con más inversión y un gasto social eficaz; modificar las costosas estructuras del Estado respetando a los trabajadores de base, desarrollando programas de actualización y capacitación y cancelando todo programa clientelar. Y también incluir una profunda reforma a las capacidades de fiscalización.

4. Redefinir la estructura burocrática en función de las necesidades del desarrollo nacional integral; hacerla más racional y eficiente, con capacidad para interactuar con la sociedad, y que permita la recuperación de la autoestima del funcionario a través del reconocimiento social.

5. Incluir una progresividad mayor en el ISR, tanto para generar recursos como para distribuir el ingreso, reduciéndolo en las franjas de menores ingresos como forma de aliento al consumo necesario, a la inversión productiva y a la economía interna.

6. Reducir las comisiones de los bancos a las transacciones hasta situarlas en condiciones similares a las principales economías internacionales, eliminando mecanismos que en la práctica imponen los bancos para beneficio propio por la vía de comisiones leoninas.

7. Efectuar una revisión profunda a la efectividad de miles de programas públicos (cerca de seis mil), cuya dispersión y fragmentación implican un gasto irracional y cuyos efectos sociales son, por lo menos, cuestionables.

8. Celebrar un nuevo pacto fiscal federal, para lograr una distribución equitativa y que dé suficiencia a los ingresos de los municipios, estados y de la propia Federación, así como la urgente reconstitución de la banca de fomento. Este nuevo pacto debe transferir atribuciones fiscales a estados y municipios.

9. Los ingresos provenientes del uso racional de recursos naturales no renovables deben tratarse como ingreso extraordinario, no utilizables para financiar el gasto corriente ni programas sociales. Deben usarse de forma estratégica en la financiación de proyectos de inversión, construcción de infraestructura y promoción del desarrollo.

Empleo y salarios
Con otra concepción del desarrollo, la generación de empleo pleno para toda la población debe ser genuina (no un requerimiento estadístico) con una mejora sostenida en las condiciones de vida de los trabajadores, en sus relaciones laborales y en sus formas organizativas.

10. Propiciar una equitativa distribución del ingreso, instrumentando una nueva política salarial, que considere incrementos graduales del salario real, con metas en los plazos medio y largo, hasta cubrir plenamente las necesidades de los trabajadores.

11. Impulsar una reforma laboral que garantice la libertad y la democracia sindical de los trabajadores, con igualdad de género, sin discriminación, con voto secreto y directo y dando transparencia al manejo de los fondos sindicales sin intermediación oficial. Registro público de los contratos laborales.

12. Asegurar el cabal cumplimiento de las disposiciones en materia de seguridad social. Revisar la ley respecto a estabilidad de empleos, seguridad laboral, jubilación y aplicación de la justicia en la materia. Hacer efectiva a favor de los derechos laborales la sustitución ya establecida en la Constitución de las Juntas de Conciliación y Arbitraje por juzgados laborales del Poder Judicial de la Federación.

13. Instituir la Renta Básica Universal como un derecho humano, con sentido progresivo y emancipatorio, como forma de reducir la pobreza, ampliar oportunidades y abordar las contingencias laborales, incluidas la automatización del trabajo y la inteligencia artificial.

La utilización racional de los recursos y el desarrollo alternativo

Los recursos y bienes naturales de México siempre han estado en la mira de las grandes transnacionales del extractivismo. El desarrollo tecnológico amplió las posibilidades de explotación y el bloque de poder hegemónico abrió las puertas a uno de los procesos más devastadores de la historia del país. Las concesiones sobre bienes del subsuelo otorgadas a empresas transnacionales cubren 30% del territorio nacional en lo que constituye una entrega silenciosa y sistemática de soberanía.

14. Los recursos naturales y su aprovechamiento deben mantenerse bajo el control del Estado. Para ello, se deben revertir las reformas al Art. 27 de 1992 que permiten la incorporación del suelo de propiedad social al mercado libre y las reformas constitucionales de 2013 en materia de energía, que en conjunto consolidan el proyecto neoliberal, matriz del despojo territorial y de recursos naturales; de entrega de soberanía productiva y de subordinación del desarrollo.

15. Revisar y en su caso modificar el conjunto de las leyes vinculadas a la explotación de recursos, bienes y patrimonios naturales: Ley de Minería, Ley de Hidrocarburos, Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, Ley de Aguas Nacionales, leyes en materia agraria, Ley de Bienes Nacionales, Ley de Inversión Extranjera, Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, Ley General de Biodiversidad, Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados y las que de una u otra forma estén vinculadas al tema.

16. Adecuar todas las normas reglamentarias de los tres ámbitos de gobierno a los cambios efectuados en las leyes y eliminar todas las disposiciones que ponen a las actividades extractivas por encima del interés de las comunidades, de la sociedad y de otras actividades económicas.

17. Sustituir los mecanismos de consulta simulada por los de participación social y comunitaria efectivos, en la elaboración de planes de desarrollo, de ordenamiento territorial y de formulación y aprobación de proyectos de explotación y de infraestructura.

 

Hidrocarburos

18. Revertir las contrarreformas de los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, para poner en manos del Estado reformado el control de los recursos naturales del país y las modalidades de su aprovechamiento, así como para devolver el carácter de actividades estratégicas a la industria petrolera y al servicio público de electricidad.

19. Aprovechar los hidrocarburos en función del interés público, garantizando que las reservas tengan una vida lo más larga posible; atendiendo la demanda, dando preferencia a la industrialización del recurso dentro del país para obtener refinados y petroquímicos, y reduciendo, gradualmente, las exportaciones de crudo e importaciones de gasolinas y otros petrolíferos.

20. Fortalecer a Petróleos Mexicanos como organismo de Estado conductor y ejecutor de la política petrolera en forma integrada.

21. Poner en práctica una nueva política energética que se oriente al servicio de la sociedad, impulsando un crecimiento económico independiente con industrialización, que respete los compromisos adquiridos con particulares, revise aquello que resulte perjudicial o inconveniente para la nación y negocie lo correspondiente.

22. Establecer una moratoria a licitaciones, permisos, concesiones, para la explotación de nuevos campos petroleros y rehabilitación de aquellos explotados o en explotación. Suspender y prohibir la práctica de la fractura hidráulica en la explotación de hidrocarburos.

 

Energía eléctrica

23. Contemplar una generación diversificada de energía que permita el uso adecuado y oportuno de los recursos hidráulicos, la geotermica, la eólica, la solar, los combustibles fósiles y la capacidad nuclear para obtener una combinación que favorezca la sustentabilidad ambiental y garantice el acceso a la energía a todos los habitantes del país, así como a la actividad económica.

24. La Comisión Federal de Electricidad, como organismo del Estado, debe recuperar la capacidad de control sobre el servicio público, la generación y distribución de electricidad, de acuerdo a las necesidades del desarrollo nacional y de la población, definidas en los planes correspondientes con participación social.

25. La generación de energía renovable debe responder a una planeación que ubique los campos de generación en territorio apropiado, respete la vocación de los suelos agrícolas y el sistema de propiedad comunitaria o ejidal y se traduzca en beneficios tangibles para los habitantes. Su naturaleza limpia y renovable no puede ser coartada para afectar otras actividades productivas, ni el medio ambiente, ni los derechos de pueblos y comunidades.

 

Minería

26. En función de los intereses de la mayoría de los mexicanos y de las comunidades afectadas, congelar todas las concesiones otorgadas, someterlas a revisión, acotar su operación y cancelar las que correspondan, hasta la revisión de las normas y regulaciones correspondientes.

27. Revisar el régimen fiscal que rige la explotación minera, así como los beneficios para la nación. Exigir la protección y mejoramiento del ambiente. En particular, exigir el cuidado y la protección de las fuentes y corrientes naturales de agua.

28. Impulsar la propiedad social de las formas de explotación y el total respeto a la cultura y los derechos de los pueblos originarios, de las comunidades rurales y de sus habitantes en general. Proteger la biodiversidad.

29. Promover la industrialización de las materias primas en el territorio nacional.

30. Iniciar un programa de exploración de recursos mineros en los fondos submarinos de jurisdicción nacional y analizar la explotación de los denominados nódulos polimetálicos, que se encuentran en el Pacífico mexicano y cuyo valor estratégico en las industrias nuevas resulta de vital importancia.

 

Agua y mares

31. Otorgar carácter estratégico a la gestión integral de los recursos hídricos del país; recuperar el dominio público sobre la administración del agua y los servicios asociados con ella; asegurar su manejo sustentable; garantizar los derechos de los pueblos indígenas sobre estos recursos en sus territorios.

32. Proteger nuestros acuíferos, ríos, lagos y lagunas, con ordenamientos legales y políticas públicas que aseguren la calidad del agua, de la vida acuática y el medio ambiente.

33. Plantear la revisión del Tratado de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos, a fin de hacerlo equitativo hacia ambas naciones, tomando en consideración que el tratado de 1944 se estableció con conocimientos hidrológicos de las cuencas de los ríos Bravo y Colorado que llegaron hasta ese año, y hoy se cuenta con registros hidrológicos de más de 70 años.
Con más de 11 mil km de costas y un mar territorial de casi 400 mil km2, el aprovechamiento pesquero se concentra en unas pocas variedades (sobre más de 300), sobreexplotando el recurso y deteriorando la biodiversidad de costas y mares.

34. Promover una nueva política para la preservación y aprovechamiento integral de nuestras costas y mares territoriales y patrimoniales como parte de las políticas y programas de producción de alimentos y de generación de empleos. Apoyar a las empresas cooperativas y las cadenas de producción.

 

Agricultura

35. Promover una reforma integral del campo mexicano para ponerlo al servicio de las necesidades del país. Impulsar y fortalecer las economías regionales, para lo que las políticas de industrialización y de recuperación de las capacidades productivas del campo serán decisivas.

36. Alcanzar la soberanía y autosuficiencia alimentaria mediante programas de crédito, subsidios e incentivos a la producción agrícola, ganadera y forestal, y el establecimiento de esquemas de distribución de productos que liberen al productor de intermediaciones innecesarias. Impulsar formas asociativas para la producción y el desarrollo del campo.

37. Otorgar prioridad a las necesidades de las familias rurales, dar el mayor apoyo a la producción de alimentos y a la utilización racional de los recursos -semillas, agua, suelo, bosques y fauna-, como principio fundamental para la vida digna y la sustentabilidad ambiental.

38. Asignar suficiente presupuesto: al menos 1.5 por ciento con respecto al PIB para el desarrollo productivo y 1.5 por ciento con respecto al PIB para el desarrollo social y ambiental del sector rural.

39. Implementar un programa nacional para la ampliación y modernización de la infraestructura de riego, encaminado a mejorar prácticas agronómicas y rendimientos y priorizando el desarrollo de pueblos y comunidades. Con el mismo sentido, la rehabilitación y ampliación de caminos rurales y recuperación de un sistema de centros de acopio.

40. Promover y apoyar con amplitud, la integración de redes de pequeños y medianos productores de alimentos, que son la base de la alimentación de la mayor parte de la sociedad, y lo hacen con mayor eficacia y sustentabilidad que las cadenas agroindustriales.

41. Prohibir taxativamente la siembra con transgénicos en cualquiera de sus variantes, en particular el maíz, por su naturaleza identitaria y cultural. Cancelar los permisos otorgados. Penalizar el uso de agrotóxicos, en particular los plaguicidas.

42. Procurar la integración de sistemas de asentamientos humanos rurales para que la dotación de los servicios y equipamientos públicos alcance a toda la población y se disminuyan los costos de construcción de infraestructura.

 

La renta económica que se obtenga del aprovechamiento racional de recursos naturales debe ser captada íntegramente por la hacienda pública e invertida en todas aquellas actividades que permitan fortalecer la soberanía de la nación y hacer una distribución equitativa de la riqueza pública; lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, para construir una sociedad justa y solidaria.

La infraestructura para el desarrollo integral del país

Hoy, a construcción de la infraestructura del país está definida por las necesidades de la globalización controlada por el capital financiero e intereses del exterior; mientras que el Estado mexicano asume las inversiones que se requieren con el solo propósito de atraer capitales de grupos privados, nacionales o extranjeros.

43. La construcción de la infraestructura debe responder a un Plan Nacional de Desarrollo y a una Estrategia de Ordenamiento Territorial que determine prioridades -a partir de nuestras necesidades y de la integración socioeconómica del territorio nacional-, para redes carreteras y ferroviarias, ubicación de puertos y aeropuertos, redes de energía eléctrica, redes de ductos de hidrocarburos, ubicación de hidroeléctricas y fuentes de energía alternativas, distribución de agua para consumo humano, riego y usos industriales.

44. En todos los casos, los programas y proyectos deben definirse con participación social, establecer prioridades según las necesidades de la población y respetar bienes comunitarios, medio ambiente y formas productivas tradicionales. En tal sentido, deben atenderse todos los reclamos existentes en el territorio nacional.

45. Revisar y actualizar desde una perspectiva de derechos humanos y de servicio público, los programas de infraestructura para salud, educación, deportes y cultura.

La industrialización y el desarrollo

Una política de industrialización no subordinada tiene que plantearse la integración y prolongación de las cadenas productivas, dando valor agregado a los productos y satisfacción a las demandas internas, sin descuidar la exportación y elevando los contenidos nacionales de ésta. Es indispensable la atención a la pequeña y mediana empresa, a las distintas modalidades de economía social y solidaria, y a la innovación tecnológica.

46. Fomentar la producción de manufacturas y la industria de bienes de capital, con participación del Estado, orientadas en primer lugar a la satisfacción del mercado interno.

47. Apoyar a las empresas y al desarrollo microeconómico del país mediante una política crediticia flexible y de tasas accesibles, así como de asistencia técnica que permita el acceso a la innovación tecnológica que mejore los procesos productivos, tanto en agricultura (suficiencia alimentaria) como en industria (valor agregado y mejora salarial).

48. Estimular la innovación y la investigación científica y tecnológica nacional y su incorporación en las empresas industriales, comerciales, de servicios, y en las instituciones. Impulsar el desarrollo de informática, telecomunicaciones, biotecnología -en beneficio de la sociedad-, con formación de cadenas productivas de bienes y servicios.

49. Propiciar la reconstrucción gradual de las economías regionales con proyectos que consoliden las ventajas productivas a través de cadenas integradas de valor agregado. Atenuar las desigualdades regionales con mayor gasto social y fomento económico en las más rezagadas.

Como quedó planteado en el documento Llamado por México, lineamientos generales para un proyecto de país, se trata de un enfoque de otro tipo de desarrollo, con postulados en los que el Estado y la sociedad tengan un papel fundamental para regular la relación entre capital y trabajo, y para propiciar un equilibrio indispensable entre factores productivos, seres humanos y naturaleza. El control sobre los recursos naturales y la definición de las prioridades productivas son potestad del pueblo de México, y en función de ello, el Estado debe conducirse. La estructura fiscal y la política salarial deben definirse desde las necesidades sociales, en función de ello deben actuar los gobiernos electos. La economía social y solidaria tiene un papel sustancial en este enfoque. Todo esto implica la construcción de una nueva institucionalidad que exprese el proyecto de país de todos.