Derechos Sociales

III. Alcanzar derechos sociales igualitarios y universales

La concepción neoliberal del papel del Estado se tradujo, también, en el abandono y consecuente deterioro en la calidad y cobertura de los servicios e infraestructura pública social. La prestación de servicios sociales por parte del Estado se fue sustituyendo por programas de transferencias condicionadas de ingreso que se desplegaron durante los últimos 30 años, en los tres órdenes de gobierno, de una manera desorganizada y discrecional. Estos procesos generaron condiciones propicias para la oferta de proveedores privados de servicios sociales. Los resultados no impidieron que la enorme desigualdad se mantuviera, que la pobreza continuara creciendo en términos de la población afectada y que proliferara la exclusión y la discriminación.

La cuestión social

El Estado democrático que proponemos debe reconstruir, reasumir y ampliar su función social para garantizar, integralmente, los derechos económicos, sociales, culturales y territoriales de la población. Se trata de desplegar un nuevo pacto social, con otra relación entre Estado, comunidad, familia e individuo, atendiendo a una realidad de necesidades diversas y complejas.

1. Impulsar otra concepción de la cuestión social, entendida como parte de una planeación integral del desarrollo, que incluya lo económico, lo laboral, lo afectivo y emocional, lo cultural, lo ambiental y lo territorial, con plena participación ciudadana y comunitaria en su definición, en todos los órdenes de gobierno. Se trata de impulsar una reforma social.

2. Reconocer la diversidad y pluralidad de la sociedad y de las regiones del país, que expresan realidades socioeconómicas y culturales diferenciadas, cuyas problemáticas deben abordarse a partir de sus especificidades.

3. Reestructurar la institucionalidad correspondiente y profesionalizar a sus operadores, para la implementación de la política social con enfoque en derechos humanos integrales, exigibles, justiciables y progresivos.

4. Construir el Sistema Nacional de Servicios de Cuidados, con perspectiva de derechos humanos y equidad de género, como parte de la protección social asumida por el Estado y para la regulación de las prestaciones privadas del servicio.

5. Propiciar un enfoque de actuación territorial en materia social (polígonos, AGEBS, barrios, pueblos, colonias, comunidades) que facilite la participación de las personas en diagnóstico, propuestas, formulación y seguimiento de programas. Integrar los programas de bienes y servicios públicos en alimentación, vivienda, salud, educación, cultura, deportes, seguridad social, seguridad pública, superando la fragmentación operativa.

6. Propiciar, a través de la política social, la incorporación y reincorporación a la ocupación productiva, creando empresas sociales, desarrollando capacidades y distintos instrumentos para la inserción laboral.

7. Revisar los programas sociales (cerca de seis mil), para evitar duplicidades y discrecionalidad; eliminar su uso clientelar y patrimonial; articularlos y darles racionalidad. Incorporar el control social en su diseño y gestión.

8. Asegurar que la legislación sobre grupos de población vulnerables y los que están sujetos a violencia y discriminación se convierta en programas, acciones y servicios que contribuyan a hacer efectivos sus derechos humanos (mujeres, infancia, juventud, personas mayores, indígenas, víctimas, personas con discapacidad, migrantes, personas de la diversidad sexual).

9. Articular el funcionamiento de las instituciones y organismos de atención social, buscando mayor eficiencia para cambiar situaciones de violencia, exclusión, discriminación, insuficiencias y carencias de distinto tipo.

10. Desarrollar una estrategia de largo plazo, amplia y coordinada, de prevención social de las violencias que incluya, entre otros aspectos, intervenciones sociales en apoyo a los grupos de víctimas de las distintas formas de violencia. Promoción de una cultura de la paz.

11. Redefinir las políticas sociales a nivel urbano para atender integralmente la emergencia de nuevas problemáticas (sustitución de sectores sociales en el territorio, expulsión, exclusión, segregación, violencia, desplazamiento, infancia y juventud sin contención, exaltación del individualismo y el consumismo), reconocer nuevos derechos (al suelo, al espacio público, al transporte digno, a la recreación y al tiempo libre) a partir de otro modelo de gestión de la ciudad y el territorio, que articule los esfuerzos del gobierno con la participación ciudadana, consciente y organizada.

Seguridad social

El 55.8 por ciento de la población no tiene seguridad social y está totalmente desprotegida, mucha vive en la pobreza o se encuentra al borde de ella frente a enfermedades, accidentes, desastres, desempleo o muerte. El modelo de economía neoliberal no contempla el acceso a empleo digno y salario justo, y la automatización y robotización reducen más las posibilidades e inducen cambios profundos en la estructura de las fuentes de ingreso familiar, sin cobertura.

12. Reconstruir la seguridad social contemplando la cobertura universal a partir de una revisión de la estructura tributaria y el sistema de aportaciones, garantizando la calidad de los servicios que se ofrecen a la población. Eliminar el Seguro Popular, en más de algún caso “caja chica” de altos funcionarios. Integrar los sistemas del IMSS, ISSSTE y Secretaría de Salud.

13. Recuperar el funcionamiento integral del Sistema de Seguridad Social, hoy en proceso de privatización bajo distintas modalidades, desarrollando capacidades institucionales y recuperando el sentido de servicio público por parte de los trabajadores del sistema.

14. Revisar el sistema de pensiones y jubilaciones con participación de los actores involucrados para mejorar las percepciones y generalizar los beneficios. Recuperar el control de los fondos privatizados.

Salud

El envejecimiento de la población y deficientes hábitos de vida (excesos en materia alimentaria, carencias, desnutrición, adicciones y sedentarismo, entre otros), así como los altos riesgos sanitarios en conglomerados urbanos, la contaminación, los efectos del cambio climático y la ausencia de una cultura de la prevención, plantean retos cada vez más complejos a los servicios de salud del país, que además están significando un aumento del gasto de bolsillo de la población y crecientes costo de la atención pública.

15. Construir un servicio único de salud con un modelo de atención integral que enfatice la promoción y prevención y garantice el acceso para toda la población a la atención en todos los niveles del sistema.

16. Articular regionalmente los sistemas de salud comunitarios con los servicios no gubernamentales, el sistema público y la atención privada, garantizando redes de servicios de distinta complejidad y la inclusión de distintas opciones de atención (tradicional, alopática, homeopática).

17. Incrementar y redistribuir el gasto público en salud, así como suprimir el sacrificio fiscal en apoyo a los servicios privados, para mejorar los salarios de los trabajadores de la salud; modernizar, mantener, aumentar y actualizar la infraestructura y equipamiento de todo el sistema de salud, cubriendo equitativamente el territorio nacional; garantizar a toda la población el abasto y acceso a medicamentos.

18. Reconocer y proteger la medicina tradicional, herbolaria y alternativa que, además de su utilidad, representa una parte importante de la cultura en México.

19. Avanzar en la investigación y en el desarrollo tecnológico en materia de salud e incorporar las nuevas tecnologías como la telemedicina y los expedientes electrónicos, a todos los servicios públicos de salud. Investigar, prevenir y atender los problemas de diabetes y obesidad.

20. Incorporar el buen trato y el respeto a los derechos de los pacientes y del personal de salud en la operación de los servicios y desarrollar mecanismos de exigibilidad y justiciabilidad.

Alimentación

Nuestro país se ubica entre los más altos niveles mundiales de padecimientos relacionados con la malnutrición. La amplísima oferta de alimentos industrializados y el rápido proceso de urbanización han tenido un impacto negativo en la calidad de la alimentación de la población, con efectos indeseables en la salud y en el enorme aumento de los gastos en la materia.

21. Rescatar, preservar y divulgar la amplísima cultura alimentaria del país y promover la utilización y producción de alimentos locales. Incorporar en todos los niveles educativos información y educación en materia de salud y alimentación.

22. Reducir el consumo de bebidas y alimentos ultraprocesados y ampliar la oferta y la accesibilidad de alimentos y productos frescos.

23. Disminuir el desperdicio de productos alimenticios mediante desarrollo y adopción de tecnologías, mejorar la articulación y funcionamiento de la cadena alimentaria y cambios en la cultura y la educación.

24. Ampliar la oferta de servicios comunitarios de alimentación, así como los niveles de seguridad alimentaria de las personas, familias y comunidades.

Educación

El sistema educativo actual contradice el Artículo 3° Constitucional, porque no promueve una formación integral del ser humano que tienda a desarrollar armónicamente todas las facultades, fomentando el respeto a los derechos humanos y la conciencia de solidaridad, cooperación, independencia y justicia. Tampoco provee, en vastas regiones, las condiciones adecuadas de infraestructura y de personal.

Es necesario partir del reconocimiento y aceptación de que existe una población diversa y pluricultural, que requiere un modelo educativo no estandarizado ni alineado con la búsqueda de comportamientos individuales, disciplinados en torno a la economía de mercado. Por el contrario, se debe asumir lo comunitario como espacio de realización individual y aceptar la necesidad de múltiples salidas educativas en correspondencia con la diversidad socioeconómica y con el mosaico cultural que se despliega en el territorio.

25. Reestructurar el sistema educativo tomando como punto de partida la realidad social, la composición pluricultural del país, la recuperación de saberes locales y la formación docente contextualizada. El Estado debe asumir plenamente la responsabilidad del servicio educativo en todos los niveles.

26. Revisar el conjunto normativo, desde la reforma constitucional denominada estructural, hasta las leyes y reglamentos, en un intercambio abierto y plural con los actores del sistema educativo y el conjunto de la sociedad, sin simulaciones ni condicionamientos. Revisar planes y programas con participación docente y comunitaria.

27. Incrementar el presupuesto educativo a 8 por ciento del PIB. La asignación de recursos debe orientarse a ampliar la cobertura, mejorar infraestructura y equipamiento en todo el territorio y asegurar la capacitación docente.

28. Ampliar con carácter prioritario las capacidades físicas, presupuestales y de recursos humanos para la docencia e investigación, de la educación media y superior. Racionalizar y transparentar el gasto corriente. Ampliar y fortalecer el Sistema de Escuelas Normales.

29. Priorizar la universalización de la educación en los ciclos constitucionalmente obligatorios, al mismo tiempo que se eleva la calidad de este servicio. Dignificar las condiciones físicas y garantizar acceso y permanencia en todos los grados, a condición de que se satisfagan los requisitos académicos.

30. Facilitar la creación de nuevos modelos y esquemas educativos experimentales que promuevan la innovación de la educación en su conjunto, poniendo el énfasis en los procesos de aprendizaje, en las condiciones del educando y en la integración del conocimiento.

31. Fomentar la creatividad y el desarrollo de una actitud libre, crítica y propositiva en todos los niveles del sistema educativo, así como el sentido de pertenencia solidaria a una comunidad.

32. Asegurar que las tecnologías de la información y comunicación sean accesibles a toda la población como herramientas integradas a los procesos de aprendizaje.

Cultura

El desarrollo humano solidario sólo puede ser efectivo si incorpora explícitamente la cultura constituida por los valores, creencias, lenguas, conocimientos, identidades, artes y saberes con los que una persona, individual y colectivamente, expresa su humanidad y crea identidad.

El Estado democrático debe desarrollar políticas que garanticen los derechos culturales y aseguren la transversalidad y la integración con los distintos ámbitos de las políticas públicas, eludiendo el enfoque mercantil.

33. Asegurar la expresión de nuestras identidades y diferencias como componentes esenciales de la convivencia, la ciudadanía y la construcción pacífica de la sociedad, ya que la diversidad cultural constituye nuestro principal activo y patrimonio.

34. Proteger el patrimonio histórico y cultural, material e inmaterial, desde la memoria hasta el paisaje y desde lo creado hasta la naturaleza, como algo vivo y en constante movimiento y evolución. La cultura y el patrimonio no son mercancía y este criterio debe regir las políticas culturales.

35. Promover y facilitar el acceso de todos a la creación, a la educación artística y a los servicios culturales. Desarrollar medios de comunicación culturales, sociales y comunitarios, accesibles en todo el territorio.

36. Garantizar el carácter público y la accesibilidad a los espacios y medios digitales para toda la población, fomentando el trabajo en red con lógica de cooperación e interacción con instituciones y organizaciones, públicas, sociales y privadas, alimentando el ecosistema cultural.

Deportes

El deporte no es una prioridad gubernamental excepto para efectos mediáticos. Se desenvuelve entre una estructura institucional débil y corrompida, corporativizada por disciplina, y una población se activa espontáneamente apelando a los espacios que puede utilizar, pero que en gran medida, carece de posibilidades para alguna práctica deportiva. Los planteles educativos apenas resuelven las necesidades de los programas de cultura física, cuya eficiencia puede medirse en los altos índices de obesidad infantil. Por contraste, las corporaciones mediáticas tienen en el deporte un negocio de altísima rentabilidad.

37. Conceptualizar a las prácticas deportivas como derecho humano esencial con efecto en la integración social, el desarrollo individual y comunitario y la calidad de vida de las personas. El Estado debe garantizar que todas las personas puedan acceder a la práctica del deporte en igualdad de condiciones.

38. Implementar políticas públicas que sirvan de contrapeso a la visión hegemónica del deporte como espectáculo mediático, mercantilizado, elitista y exitista, para facilitar el acceso de todos los habitantes a todas las prácticas deportivas.

39. Desarrollar equipamientos, infraestructuras y programas, con desagregación territorial equitativa, garantizando accesibilidad, coordinación institucional en los distintos órdenes de gobierno y participación ciudadana en la elaboración de programas y el seguimiento de los mismos.

40. Promover una verdadera cultura del deporte, apoyando la formación de clubes o asociaciones a escala de barrios, pueblos y comunidades y facilitando su acceso a espacios adecuados y cercanos.

41. Impulsar mecanismos tributarios para que el deporte profesional, altamente rentable, redistribuya recursos en favor del deporte no profesionalizado, masivo, de base. En el mismo sentido, con los grandes medios de comunicación.

Género

Un delito sexual cada minuto; siete asesinatos de mujeres cada día; 592 violaciones cada año en CDMX; siete mil desaparecidas en el país en los últimos cuatro años. Sólo 3 por ciento de ataques sexuales se castigan. Discriminación, violencia de género, feminicidio, acoso sexual y laboral, trata, desigualdad de trato laboral, cosificación y explotación, son hechos que conforman la realidad, en diferente grado, de las mujeres en el país. Los avances legislativos e institucionales expresan solo una respuesta formal que no tiene impacto en las vivencias cotidianas, porque no existe la voluntad real de aplicarlos ni un anclaje conceptual en la equidad de género que vaya más allá del discurso políticamente correcto.

42. Instalar en la sociedad un debate amplio y profundo en torno al planteamiento de que la convivencia en democracia tiene, como condición ineludible, la equidad de género en sentido amplio y la afirmación de los derechos de las mujeres. El compromiso con la libertad, la igualdad y una vida sin violencia, es responsabilidad de gobierno, empresas, medios de comunicación y sociedad.

43. Combatir desde sus orígenes -en el campo, los pueblos y las ciudades- todo tipo de violencia hacia las mujeres, de todas las edades y bajo cualquier tipo de circunstancia, manifestada en el extremo por feminicidios, explotación sexual y trata. Se debe revisar la ley relacionada con el derecho a una vida sin violencia y reformar el procedimiento de alerta de género y trata para hacer efectivo su combate.

44. Combatir la cultura patriarcal de las relaciones sociales y la misoginia basada en estereotipos, que son el soporte para la construcción de subjetividades por las corporaciones mediáticas.

45. Incorporar la perspectiva de género en las transformaciones institucionales propuestas, en particular en el sistema judicial, el educativo y en la legislación laboral.

46. Reconocer formalmente a las organizaciones de género y asumir su participación en la definición de políticas públicas, la gestión y el control de cumplimiento.

47. Brindar particular atención a la protección de las niñas (y en su caso, niños), previniendo situaciones de matrimonio, embarazo, trata, prostitución, explotación laboral.

“En Por México Hoy reconocemos la urgente necesidad de replantear el Pacto Social entre los agentes que participan en la construcción de bienestar de la población: familias, Estado, mercado y comunidad colocando como propósitos centrales el lograr una vida de calidad y una condición humana superior para todas y todos los mexicanos, reduciendo las brechas de desigualdad en la realización de los derechos económicos, sociales y culturales y creando una sociedad solidaria, pacífica y justa…”

“…Se trata de asegurar la existencia material y jurídica de condiciones que permitan a las personas y a las familias contar con los bienes que dignifican la existencia y permiten el progreso, en un marco de libertades que se ejercen y responsabilidades que se cumplen…”

“…Es necesario fortalecer la participación y la organización de la población en la atención de las diversas problemáticas sociales, reconocer a las personas como titulares de derechos y no como beneficiarios de los programas sociales para avanzar en el logro de la ciudadanía social, política y civil de todas las personas”.

Llamado por México, 4 de febrero de 2017.