Construir democracia

I. Construir una institucionalidad democrática y participativa

El conjunto de instituciones que rigen y modelan la vida en el país: Estado, régimen y gobierno, no reconoce ni expresa las necesidades de la mayoría de sus habitantes. Su obligada reconstrucción y desarrollo democrático es un proceso político que incluye otra forma de gobernar, dar impulso a nuevas políticas públicas y cambios normativos de fondo, en el tránsito a un Congreso Constituyente Ciudadano que le dé forma a una nueva carta magna.

El Estado (gobierno, sociedad y territorio), hoy muestra una profunda distorsión, en tanto una muy pequeña parte de la sociedad (la élite política, económica y mediática) establece los términos de su funcionamiento, controlando gobierno y territorio y subordinando al resto de la sociedad.

El Estado democrático que requiere un país para todos debe configurarse a partir de nuevas premisas, necesarias para determinar, orientar y regular las actividades económicas y financieras, así como disponer que el funcionamiento institucional garantice los intereses colectivos y la vida digna de las personas, con la obligación de respetar, promover, proteger y garantizar los derechos humanos en todos los órdenes de gobierno, con permanente observación de la perspectiva de género.

1. Impulsar una reforma integral del Estado, con plena participación social, para construir una institucionalidad realmente democrática con presencia ciudadana en su integración, funcionamiento y control, en todos los órdenes.

2. Redefinir el pacto federal para una descentralización efectiva del poder público y que, en la práctica, las entidades federativas funcionen democráticamente, con recursos distribuidos equitativamente (no por cuotas partidarias); políticas públicas articuladas entre la federación, estados y municipios; planeación integral del desarrollo socioeconómico y territorial, y participación social en la gestión y control.

3. Revalorar y fortalecer al municipio como expresión directa de la soberanía popular, base de la estructura democrática del poder, con mayor participación social en los órganos de gobierno, en la formulación de políticas públicas y en el control de la gestión. Incrementar sus atribuciones y sus capacidades financieras para un desarrollo integral, equitativo y sustentable, con servidores públicos profesionalizados.

4. Reconocer a los pueblos y comunidades indígenas su derecho a la libre determinación y a definir sus prioridades de desarrollo, respetando y protegiendo la propiedad social y comunal de la tierra. Reconocer y dar cumplimiento a los Acuerdos de San Andrés.

5. Mejorar y fortalecer los órganos autónomos vinculados a derechos humanos, transparencia, rendición de cuentas, combate a la corrupción, atención a víctimas, acceso a la información, telecomunicaciones, competencia económica, para incrementar capacidades y contundencia resolutiva, dando mayor peso ciudadano a los procesos de integración y funcionamiento.

6. Crear el Sistema de Planeación y Evaluación Integral del Desarrollo Nacional con Participación Ciudadana y el órgano autónomo coordinador correspondiente, integrado democráticamente. Con enfoque en los derechos humanos y perspectiva de género, en todos los ámbitos, órdenes y escalas, el sistema debe constituir la médula de una nueva institucionalidad, abierta, plural, dinámica.

7. Desarrollar un verdadero Sistema de Medios de Comunicación y crear el órgano autónomo de coordinación y control correspondiente. Ampliar el número y la cobertura de medios públicos, fomentar la creación de medios comunitarios y sociales que multipliquen los espacios para voces diversas, e impulsar el desarrollo de contenidos nacionales, pluriculturales, independientes, populares, identitarios, no mercantilizados.

8. Proteger a las industrias cinematográfica y editorial, nacionales, en sus capacidades productivas y como medios culturales, garantizando producción, distribución y exhibición; propiciando contenidos emancipatorios; recuperando soberanía en las transmisiones satelitales; protegiéndolas en los tratados comerciales.

9. Institucionalizar una política de Estado de inclusión digital universal garantizando a toda la población, en todo el territorio, el acceso a los servicios correspondientes, sin exclusiones de ningún tipo. Garantizar la neutralidad de internet.

El régimen hoy funciona para los intereses de las élites económicas, políticas y mediáticas, no del conjunto de la sociedad, excluyendo así a los sectores populares. Los poderes del régimen operan como mecanismos de control y subordinación, tanto de la ciudadanía como de sus propios integrantes, para asegurar la reproducción de una hegemonía sin legitimidad en la que impera la corrupción, la impunidad y la colusión con el crimen organizado.

Se necesita un régimen estructurado con democracia representativa, participativa y directa, según los casos, en la integración de todos sus poderes y órganos de gobierno. El conjunto de los poderes públicos y las formas de representación política deben estar al servicio de la sociedad plural y diversa, para lo cual tienen que rediseñarse por completo, de modo que dejen de ser espacios de lucro y beneficio particular.

Democracia y participación.

10. Todos los poderes del Estado, en los tres órdenes, deben ser elegidos democráticamente, a través de mecanismos adecuados, en todos los ámbitos, incluido el Judicial y los órganos autónomos, para que funcionen como contrapesos, con rendición de cuentas y control social.

11. Los órganos de control y auditoría deben ciudadanizarse, operar con autonomía y tener la facultad de someter a la ley a todos los funcionarios, empezando por el presidente de la República. La transparencia y la rendición de cuentas, sin simulaciones, son indispensables en el combate a la corrupción, para lo cual debe cuidarse, especialmente, la integración y funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción.

12. Deben revisarse y definirse por ley, acorde a la realidad nacional y a la exigencia social, los recursos puestos a disposición de cada poder, los asignados a procesos electorales, financiamiento de partidos, funcionamiento de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como las remuneraciones y prebendas de sus integrantes.

13. Para la integración del Congreso, asegurar la representación proporcional de la voluntad del electorado, así como facilitar la competencia de candidaturas independientes y el ingreso de nuevos partidos. La integración del Ejecutivo debe efectuarse en función de un necesario servicio público de carrera.

Partidos y elecciones.

14. El sistema de partidos debe revisarse y renovarse de cara a las exigencias sociales. Democratizar la vida interna partidaria estableciendo elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias para la elección de candidatos en todos los ámbitos.

15. Revisar integralmente el diseño del sistema electoral (INE, OPLES, Tribunales Electorales) y democratizar su composición; despartidizar su funcionamiento; racionalizar la asignación y uso de recursos; eliminar el dispendio publicitario e incorporar el control social.

16. Impedir que funcionarios o representantes electos puedan presentarse como candidatos a otros cargos mientras no concluya el periodo para el que fueron electos, aunque hayan solicitado o se encuentren con licencia.

17. El compromiso contraído por los legisladores con los electores debe ser exigible y justiciable por ley, lo que implica la eliminación de todo tipo de fuero en todos los órdenes.

Justicia

18. Revisar y democratizar el sistema de justicia en procuración, impartición y sanción, así como rediseñar los sistemas penitenciario y de jóvenes en conflicto con la ley; modificando y actualizando la legislación, las normas reglamentarias y los espacios de reclusión. También, incrementar el control social de su funcionamiento, incorporar un enfoque de derechos humanos y de género; capacitar a sus miembros y garantizar plena imparcialidad.

19. La Suprema Corte de Justicia y el Consejo de la Judicatura deben tener presidencias distintas. Se debe eliminar la participación del Poder Ejecutivo en la designación de ministros y consejeros; abrir mecanismos de consulta directa a la sociedad y eliminar la intervención de los ejecutivos -federal y estatales- en la proposición y nombramiento de magistrados, tanto en los tribunales de los poderes judiciales como en los que no pertenecen a ellos (tribunales agrarios y administrativos).

20. La designación del Fiscal General y los fiscales especializados en las materias correspondientes debe contar con la participación directa de la ciudadanía, sin interferencias de quienes ejercen poder político, económico o mediático. Asimismo, debe garantizar idoneidad, profesionalismo y autonomía.

Seguridad

21. Seguridad pública con enfoque integral, transversal, de seguridad ciudadana entendida como derecho humano y una práctica coordinada entre todos los niveles, asumiendo el contexto social y económico de marginación, desigualdad y falta de expectativas como determinante de la inseguridad y violencia.

22. Establecer políticas diferenciadas territorialmente; impulsar labores de inteligencia policial, desarrollar las capacidades institucionales y mantener el mando civil en las instituciones de seguridad pública. Igualmente, capacitar y profesionalizar a la policía en todos los órdenes de gobierno, asegurar salarios justos y dignificar su función de servidor público.

23. Asociar las políticas de seguridad a la solución de necesidades básicas de la población: empleo, salario digno, provisión de servicios básicos (abasto, agua, salud, educación, vivienda), y recuperación de espacios públicos.

24. Fortalecer las capacidades institucionales en el ámbito municipal, a través de la creación de la policía de cercanía, vinculada a la comunidad, que cuente con mecanismos de control y fiscalización social.

25. Las fuerzas armadas tienen funciones específicas definidas por la Constitución; al ejercicio de ellas deben restringirse, sin involucrarse en otros ámbitos de la vida pública.

El gobierno está divorciado de la sociedad, en tanto expresa el interés de una minoría y es insensible ante el reclamo ciudadano. Desde la hegemonía económica, política y mediática, recrea el círculo perverso del despojo, la violencia, la corrupción y la impunidad.

Un gobierno democrático debe representar el interés de las mayorías y su integración tiene que estar sujeta a la auscultación pública, someterse al control social y rendir cuentas sin simulaciones. Debe también alinear su gestión a políticas públicas determinadas colectivamente, cuya aplicación trasciende el período de gobierno. La participación social organizada es medular para otra forma de gobernar y es condición necesaria para combatir la corrupción y la impunidad.

26. El ejercicio de gobierno en sus aspectos estratégicos y su cumplimiento debe apoyarse en mecanismos de participación como: referéndum, plebiscito, consulta popular, iniciativa popular, contraloría social y fiscal ciudadana, revocación de mandato y los que se requieran según la escala de intervención.

27. La gestión de gobierno debe tener una relación de simetría con el Poder Legislativo, de modo que la representación popular pueda ejercer adecuadamente su trabajo de supervisión y control.

28. El gobierno debe ajustarse a un plan integral de desarrollo nacional de largo plazo elaborado con participación social a través del órgano autónomo. El plan debe tener fuerza de ley, ser exigible y tener control ciudadano. Los planes estatales y municipales deben regirse bajo el mismo principio.

29. La importancia de la participación social implica, para el gobierno, la responsabilidad de tener una ciudadanía bien informada, con capacidad de análisis e interpretación, a través de políticas públicas específicas y transversales implementadas por el Sistema de Medios de Comunicación (punto 7).